La Justicia estima que las maniobras con el dólar oficial durante el cepo K llegan a casi 3 mil millones de dólares
La Justicia estima que, mediante tres tipos de maniobras ilegales, financistas, agencias de cambio y bancos obtuvieron del Banco Central cerca de 3.000 millones de dólares al valor oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Posteriormente, esos dólares eran revendidos en el mercado informal a más del doble de su cotización, lo que habría generado ganancias superiores a los 3.000 millones de dólares.
Tres fuentes del Gobierno y de la Justicia calcularon de manera independiente para Clarín estas cifras, basándose en los indicios acumulados en investigaciones sobre operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Se trata de un monto provisoria.
Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi aguarda desde hace una semana que el gobierno de Javier Milei entregue un informe con los nombres de los funcionarios de la gestión del exsecretario de Comercio Matías Tombolini que aprobaron cada una de las solicitudes de importación (SIRA). El propósito es avanzar en la imputación de un exfuncionario de esa cartera mencionado en otros elementos de prueba. Picardi investiga el pago de coimas para obtener o acelerar autorizaciones de importación.
Asimismo, espera que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) entregue los chats extraídos de los celulares de cinco funcionarios del Banco Central involucrados en la causa. Hasta ahora, solo se ha analizado el teléfono de Adrián Migueles, en el que aparecen conversaciones sobre supuestas coimas. Este financista, conocido por exhibir autos Porsche, camionetas Raptor y relojes Rolex, negó las acusaciones mediante un escrito, afirmando que solo actuó como “intermediario”.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli analiza la posibilidad de imputar a funcionarios del Banco Central del gobierno anterior por omisión de controles en la entrega de dólares oficiales a unas 60 agencias de cambio.
La jueza María Eugenia Capuchetti aguarda además un informe de Gendarmería sobre maniobras con escrituras falsas utilizadas para acceder a dólares oficiales, mientras que la Cámara Federal de Buenos Aires debe decidir qué juez concentrará las tres causas.
La investigación más avanzada es la que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi, relacionada con maniobras mediante órdenes de importación a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Una fuente oficial indicó a Clarín que por esta vía se habrían retirado entre 1.300 y 1.400 millones de dólares.
La magnitud del presunto fraude se refleja en otro dato relevante: el Fondo Monetario Internacional (FMI) está próximo a aprobar un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares para Argentina.
Las SIRA tenían como objetivo facilitar la importación de medicamentos e insumos industriales esenciales en un contexto en el que el Estado carecía de divisas. Sin embargo, según la investigación, muchos usaron los dólares oficiales para comprar aviones, autos de lujo o financiar viajes costosos, como el periplo de Jessica Cirio y Elías Piccirillo a Ibiza, que habría costado siete millones de dólares e incluía el alquiler del yate Bolt, propiedad del empresario suizo Krass.
En marzo, el financista Martín Migueles viajó con Wanda Nara a las islas Maldivas, Milán, Japón y Shanghái, alojándose en hoteles de lujo, como reveló la modelo en Instagram. Además, exhibe relojes de alto valor, como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex y Hublot, según los chats incorporados a la Justicia.
La maniobra principal consistía en sobrefacturar importaciones o incluso simularlas. Detrás de cada SIRA operaba un banco comercial. Los investigadores sospechan que, en algunos casos, se pagaban coimas dentro del Banco Central para garantizar el acceso a dólares oficiales, luego de obtener autorización de la Secretaría de Comercio y la Aduana.
En otra causa, que tramitan la jueza María Servini y el fiscal Stornelli, se investigan maniobras denominadas “la escalerita”. En este expediente, la magistrada dictó embargos preventivos sobre empresas vinculadas a Elías Piccirillo —exmarido de Jessica Cirio—, Maximiliano Vallejos, de Sur Finanzas, y Martín Migueles —pareja de Wanda Nara—, por un monto aproximado de 600 millones de dólares. El embargo es una medida preventiva que se ejecutará en caso de condena para reparar el daño causado al Estado.
Esta operatoria se apoyaba en la excepción al cepo cambiario implementada durante el gobierno de Alberto Fernández, que permitía comprar hasta 200 dólares mensuales por vía electrónica o 100 dólares en efectivo por persona. Según el embargo dictado por Servini, se utilizaron 2.765 personas —algunas de ellas de bajos recursos— y 647 empresas para adquirir dólares al valor oficial mediante un banco comercial. Posteriormente, las divisas circulaban entre distintas agencias de cambio, perdiéndose su trazabilidad.
Esa excepción fue creada por Miguel Ángel Pesce para intervenir en el mercado cambiario en momentos de subida del dólar informal. Sin embargo, fuentes consultadas indican que el entonces ministro de Economía Sergio Massa amplió el mecanismo el 28 de julio de 2022, lo que habría facilitado las maniobras fraudulentas. Massa niega haber participado y, a través de sus allegados, sostiene que “no hay ningún papel” con su firma vinculado a esas operaciones. Además, fuentes cercanas a su equipo aseguran que la cifra de 3.000 millones “incluye operaciones legales” y que el monto realmente defraudado “es menor”.
En una tercera causa, bajo la investigación de
