Caso Vialidad: el fiscal Luciani trabaja en un tercer pedido de decomiso y evalúa reclamar la actualización de los $ 685.000 millones

Sin posibilidad de reabrir la discusión sobre el sistema de actualización que determinó que el fraude en el caso Vialidad asciende a 685.000 millones de pesos, la próxima instancia será la decisión de la Corte Suprema sobre la ejecución patrimonial de 111 propiedades. Mientras tanto, en Comodoro Py se tramita un segundo pedido de decomiso que incluye 141 inmuebles, y el fiscal general Diego Luciani trabaja en una tercera lista de bienes muebles e inmuebles a decomisar, que contempla participaciones societarias, bienes empresariales y estancias. Además, la fiscalía solicitará una nueva actualización del monto correspondiente al decomiso, dado que “ese valor tiene un año y debe ser revisado”, afirmaron fuentes judiciales a Clarín.

Aunque no todos los sectores del Poder Judicial son optimistas respecto a alcanzar la cifra de 685.000 millones de pesos, coinciden en que se trata de un decomiso histórico “por la magnitud establecida por los especialistas y por el avance realizado en la materia”, señaló a este diario un magistrado.

Se cumple un año desde que Cristina Kirchner está detenida bajo arresto domiciliario, tras ser condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad. De la sentencia firme por corrupción, resta avanzar en la recuperación del producido del delito.

La tarea de identificar bienes para el decomiso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por Luciani, quien hasta la fecha ha relevado 252 propiedades susceptibles de decomiso, 46 automotores, 4 motovehículos, 2 embarcaciones y más de cinco millones de dólares. Estos bienes se dividen entre la primera tanda de decomiso, solicitada el 12 de septiembre de 2025, que ya cuenta con sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena, y la confirmación de la Cámara de Casación.

La decisión final sobre la ejecución de este primer conjunto, que incluye 111 bienes, está en manos de la Corte Suprema, ante la que presentaron quejas Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes concentran la mayor cantidad de bienes muebles e inmuebles. Los recursos extraordinarios buscan impedir la ejecución de 20 propiedades de la familia Kirchner —19 de Máximo y Florencia Kirchner y 1 de la ex presidenta—, 84 bienes de Báez, 2 de Kank y Costilla, 2 de Austral Construcciones, y otros 4 pertenecientes a las empresas de su ex socio comercial.

Mientras los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizan si estos planteos tienen efecto suspensivo sobre el remate de los bienes, en Comodoro Py el TOF 2 continúa con un avance significativo en un segundo pedido de decomiso. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, esta segunda tanda incluye 141 inmuebles, 46 automotores, 4 motovehículos, 2 embarcaciones y 5.656.134 dólares atribuibles a Florencia Kirchner. De estos bienes, 13 corresponden a la familia Kirchner y el resto a Lázaro Báez y sus empresas.

El decomiso no se detiene allí. Luciani está trabajando en una tercera tanda de bienes para intentar cubrir lo más cercano posible a los 685.000 millones de pesos fijados como monto a recuperar. Este nuevo listado contempla la individualización de activos de sociedades vinculadas, inmuebles, estancias y automotores. Se estudian 18 participaciones accionarias de Báez y propiedades vinculadas a la familia Kirchner a través de empresas como Los Sauces SA, Co.Ma SA y Hotesur SA.

El fiscal sostiene que existe un acervo patrimonial mayor sobre el cual avanzar en la recuperación. “La enorme cantidad de bienes que poseen los condenados demuestra cómo la corrupción arraiga en las entrañas del Estado y amenaza con llevarse todo por delante”, señalaron fuentes judiciales al analizar los patrimonios identificados.

En ese sentido, los fiscales reiteran su “decisión y mandato constitucional de defender los intereses de la sociedad, lo que implica que quienes robaron al pueblo argentino deberán devolver hasta el último centavo. Ni más ni menos”, agregó una fuente judicial a Clarín.

Por otro lado, la Corte Suprema ratificó el sistema de actualización del decomiso en este expediente. La condena fijó el fraude en 85.000 millones de pesos, pero los peritos contables del máximo tribunal calcularon que, actualizado, ese monto asciende a 685.000 millones de pesos. Para este cálculo se usó “el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26 de junio de 2025 (mayo 2025) y al 6 de diciembre de 2022 (noviembre 2022)”, fórmula avalada por el tribunal. Sin embargo, Luciani considera que ese monto “ya está nuevamente desactualizado”.

Según pudo saber Clarín, el fiscal solicitará al TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, una nueva actualización basada en los 685.000 millones de pesos, dado que ha transcurrido un año desde esa fijación y, ante los índices inflacionarios, corresponde recalcular el monto.

En el segundo pedido de decomiso presentado a comienzos de este año, que apunta principalmente a ejecutar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, Luciani sostuvo que la medida responde a recuperar los 684.990.350.139,86 pesos producto de “la defraudación a la Administración Pública”.

“No sólo no han depositado voluntariamente el dinero exigido por el TOF 2, sino que también han recurrido a todo tipo de maniobras procesales —decl