A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave
La próxima semana marcará el final de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, cargo que desempeña desde hace 32 años. Aunque su salida parece inevitable, el magistrado intenta una última maniobra: solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que le permita continuar en el puesto.
Irurzun cumplirá 75 años el sábado 18 de julio, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Existe una excepción a esta limitación: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la revalidación del cargo por cinco años más. Esa prórroga fue solicitada por Irurzun, pero el gobierno de Javier Milei no la aprobó.
A pesar de gestiones políticas para su continuidad, no se obtuvieron resultados favorables. Por ello, hace un mes Irurzun inició un proceso judicial para obtener un fallo que lo respalde en el cargo. Su pedido fue rechazado en dos instancias y ahora recurre a la Corte Suprema en una última y urgente instancia.
La salida de Irurzun impactará en la Cámara Federal, que atraviesa una etapa de renovación tras los cuestionamientos a otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal reviste gran relevancia política, pues allí se tramitan causas relacionadas con corrupción.
Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de los años 70 y en 1987 fue designado titular del juzgado federal 5 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1994, el gobierno de Carlos Menem lo ascendió a juez de la Cámara Federal, cargo que mantiene desde entonces. Durante su trayectoria, intervino en casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción, confirmando, entre otros, varios procesamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner.
La reforma constitucional de 1994 estableció 75 años como edad límite para los jueces, permitiendo una extensión de cinco años previa aprobación del Senado a instancia del Poder Ejecutivo.
Irurzun solicitó el año pasado al gobierno de Milei la prórroga de su mandato, pero el Ejecutivo rechazó la petición. A diferencia de este caso, sí accedió a conceder dicha extensión a otros magistrados, como Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal, autorización que fue ratificada por el Senado.
Ante este rechazo, Irurzun presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión inmediata de los efectos jurídicos que fijan el límite de edad constitucional, argumentando que la reforma de 1994 no otorgó facultades al Congreso para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante un criterio etario.
El pedido fue desestimado inicialmente por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, y confirmada esa decisión esta semana por la Cámara Contencioso Administrativa. Irurzun apeló para que la Corte Suprema intervenga. La Cámara debe decidir si eleva el caso al máximo tribunal y, ante la urgencia, requirió al gobierno que emita su opinión en un plazo de un día.
Se espera una resolución de la Cámara para el próximo lunes, momento en que se iniciará la cuenta regresiva. De acuerdo con precedentes de la Corte Suprema, si en la fecha en que el juez cumple 75 años no cuenta con el aval para continuar, debe cesar en sus funciones.
Si la Cámara rechazara derivar el caso a la Corte, Irurzun podrá presentar otra acción directa, lo que acortaría los tiempos. La resolución final estará en manos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este último con cercanía al magistrado.
Inicialmente, Irurzun anticipó que recusaría a Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994 y ha expresado opinión favorable sobre el límite de edad, pero retiró ese planteo en la apelación ante la Corte.
La Cámara Federal actualmente está en proceso de renovación, con tres de sus seis cargos en revisión. Además de Irurzun, se encuentran en revisión los puestos de Bruglia y Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya designación fue declarada no definitiva por la Corte. El gobierno de Milei podrá ahora cubrir estas vacantes, ya que los concursos correspondientes han finalizado, lo que implica un control parcial sobre un tribunal de gran importancia.
Tras más de tres décadas en Comodoro Py, Irurzun se apresta a abandonar su función judicial. Sin embargo, ha dejado claro que no desea ningún tipo de despedida y probablemente concluirá su carrera con una causa pendiente clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el primer caso de corrupción en el gobierno de Milei.
